Caso Costa Rica-Uruguay

En el caso de Uruguay y su interfaz de gobierno abierto  presentan grandes puntos de diferencia con respecto a los casos anteriores.

Una de las primeras observaciones que se puede hacer sobre la página de datos abiertos de Uruguay es lo complicado de la ubicación de su información, en los casos pasados como  en Costa Rica existía una información presente y sencilla de acceso aun con su desactualización.

En la página principal se encuentran divisiones poco claras y un gran número de conexiones a páginas individuales de diferentes instituciones, que solo saturan la cantidad de información presentada.

 Los enlaces de información llevan a una página extra con un buscador insertado, lo que vuelve difícil el proceso; ya que se vuelve menos intuitivo y requiere que los usuarios aprendan el uso de la página, y aquí se encuentra otra deficiencia porque no existe un manual o tutorial de uso pero si para subir datos a la página.

Dentro de los datos que se pueden obtener existen relaciones entre eventos masivos y tasas de enfermedades, con sus debidas limitaciones de regiones y tiempo;  y reportes de gastos en diferentes áreas o un caso particular como lo es el presupuesto participativo, pero ocurre lo mismo que en la página nacional, la información se encuentra desactualizada.

La mayor cantidad de datos que se encuentran disponibles corresponden a infraestructura con 23 documentos, luego transporte con 11 documentos y los demás (Economía (4), Turismo (3), Desarrollo Social (3), Cultura (3), Medio Ambiente (2), Vivienda (1), Trabajo (1), Salud (1)) poseen una cantidad mínima de datos, apenas suficientes en algunos casos para crear una sección.

Llama entonces la atención que en un país como Uruguay, que ha conseguido un impulso mediático por las condiciones de su presidente y de su gobierno, que se oponen de cierta forma simbólica  al manejo del gobierno puramente desde un solo ente controlador, caiga en esta deficiencia a la hora de entregar la fiscalización de su información al público general y su población.

Aquí entra en cuestión cual es la calidad de los esfuerzos que se realizan para el gobierno abierto y si son realizados para un uso práctico del grosso de la población.  Además, es curioso que gran parte de los datos en un país como Chile fueran obtenidos por hackers en un hackaton, actividad en la que se accede a las redes institucionales para capturar los datos de interés y luego liberarlos al público. En cambio en el caso nacional y el uruguayo no se hace referencia a ningún otro intermediario que las mismas instituciones.

¿Es realmente necesario adquirir los datos por la fuerza y generar las herramientas desde un ámbito fuera del  mismo Estado?

A modo de moraleja puede considerarse que para una verdadera fiscalización de los procesos de las instituciones públicas y del gobierno, debe ser la labor de los ciudadanos  la búsqueda de tomar control y de mediar entre ellos mismos los canales informativos, el empoderamiento tecnológico que se da en la actualidad permite esto en gran medida, y la mejor arma o herramienta es la educación.